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USO presenta a los grupos políticos sus enmiendas para manifestar su disconformidad con la LOMLOE. Volvemos a pedir la retirada de la ley

El pasado 4 de mayo, una manifestación digital en las redes con más de 100.000 participaciones pedía la retirada de la Ley Celaá. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho oídos sordos a esta y otras numerosas protestas que se están produciendo estos días y sigue adelante con la tramitación de su nueva Ley de Educación.

USO vuelve a pedir de manera explícita la retirada de la LOMLOE porque, todavía en medio de la pandemia de Covid-19 de imprevisibles consecuencias, vigente el estado de alarma e inmersos en un proceso de desescalada largo y complejo, no es el momento. Tramitar una nueva ley de educación en estas condiciones, con los derechos y libertades de los ciudadanos suspendidos y limitados, es inadmisible. No contribuye, sino que complica aún más la difícil gestión de los numerosos y gravísimos problemas que afronta la sociedad española, en particular, la enseñanza.

No es comprensible que el Gobierno pida insistentemente la unidad y la solidaridad de todos para el proyecto de reconstrucción nacional, que es a todas luces imprescindible, y a la vez, siga promoviendo leyes que actúan en sentido contrario, dividiendo a la sociedad, generando polémica y desfigurando el objetivo principal, superar juntos la pandemia y sus crueles efectos. El presidente Sánchez, si quiere ser creíble en su discurso, debería ceder en la pretensión de tramitar su ley educativa e incorporar la educación como tema de trabajo preferente dentro de ese futuro acuerdo de reconstrucción.

USO ha presentado una batería de enmiendas a los diferentes grupos políticos del Congreso con el fin de manifestar nuestra disconformidad con el contenido de la LOMLOE, cuyo mejor destino debería ser su devolución en la próxima votación del debate de totalidad en el Pleno del Congreso.

Para USO, la LOMLOE no afronta los problemas reales de la educación española, como son la escasa financiación, la mejora de las condiciones laborales y profesionales de todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos y el fracaso escolar. USO pide que de una vez por todas se aborde la equiparación de plantillas de los centros concertados con los públicos mediante nuevas ratios profesor/aula y también alumno/aula. Además, la sobrecarga lectiva del profesorado en el sector concertado debería resolverse de manera urgente, así como culminar la equiparación salarial y laboral como factor de equidad y calidad indiscutible. La inclusión en el pago delegado del PAS (Personal de Administración y Servicios) y del personal complementario en Educación Especial es una demanda que ya no admite más demora. Para favorecer y fortalecer la equidad de nuestro sistema, pedimos la extensión de la gratuidad a la Educación Infantil de 0 a 3 años, a la FP Básica y a las enseñanzas postobligatorias, el Bachillerato y los Ciclos de Grado Medio.

Es un retroceso inadmisible que la LOMLOE limite los derechos de las familias a la elección de centro educativo y rompa el principio de complementariedad de las redes educativas.  La escuela pública no necesita ningún blindaje adicional, sino recursos y medidas que mejoren su funcionamiento y el reconocimiento del profesorado. Reducir la escuela concertada a un papel auxiliar de la red pública es un error y una tremenda injusticia con las instituciones educativas independientes, que aportan la pluralidad indispensable en nuestro sistema educativo, que cuentan con un mayoritario reconocimiento y son un gran beneficio para el conjunto de la sociedad española.

En sus enmiendas, USO vuelve a defender la responsabilidad prioritaria de las familias en la educación de sus hijos, sin intromisiones de las Administraciones ni trucos legales, que debe traducirse en el respeto de la demanda social, en el mantenimiento de los centros de Educación Especial y en la libertad para elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Al devaluar la asignatura de Religión en el currículo de los alumnos al nivel de una actividad extraescolar, vulnera la voluntad expresa de miles de padres y madres cada año y condena a la precariedad laboral a miles de trabajadores altamente cualificados.

La LOMLOE, como ha sucedido con las anteriores leyes educativas de partido, está condenada al fracaso. Si queremos hacer de la necesidad virtud, la pandemia de Covid 19 nos abre la mejor oportunidad en 40 años de democracia para alcanzar un nuevo acuerdo básico educativo sobre la base del artículo 27 de la Constitución. Esto es lo que la sociedad española quiere y reclama, más si cabe en estas dramáticas circunstancias.

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