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La Plataforma Más Plurales rechaza la Ley Celaá en las calles de Extremadura

 “Libertad, libertad, libertad” ha sido el grito más repetido en las manifestaciones celebradas en las ciudades extremeñas en las que han participado miles y miles de manifestantes que han salido a las calles para protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas y educativas. La Ley Celaá es una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española. Su único objetivo es hacer más estatalista la educación y reducir de manera drástica la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, basado en la complementariedad de los modelos público y concertado.

En Extremadura, miles de vehículos colapsaron los recorridos prevstos. Y lo mismo sucedió en otras 50 ciudades españolas. Aunque la Ley Celaá se aprobó el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, y ahora continúa su tramitación en el Senado, todavía hay tiempo para rectificar una Ley contraria a las libertades constitucionales y que, además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de Religión.

Al inicio de la Manifestación, los representantes de Mas Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una Ley que apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa. Como dice el manifiesto, “la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana”. Además, “instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma”, propiciando que se recurra la Ley “en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo”.

Por todo ello, la Plataforma Más Plurales pide la retirada de la Ley Celaá porque es frontalmente contraria a la libertad de enseñanza y al principio de la complementariedad de redes que establece el artículo 27 de la Constitución.

En ningún momento, la LOMLOE, que se ha tramitado de espaldas a la comunidad educativa en plena pandemia por la COVID’19, ha buscado ni el diálogo ni el consenso, y mucho menos se ha buscado avanzar en un Pacto de Estado por la Educación.

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