Desde USO Extremadura valoramos la reciente sentencia firme que obliga a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura a repetir el concurso de traslados docentes convocado en 2023 como una resolución de enorme trascendencia jurídica y sindical. No solo supone el reconocimiento de los derechos vulnerados a un grupo concreto de docentes, sino que constituye una clara reafirmación de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso, la movilidad y la carrera profesional en el empleo público.
La resolución judicial, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no recurrida por la Junta ante el Tribunal Supremo, declara nulas tanto la resolución definitiva del concurso como las propias bases reguladoras, al considerar discriminatoria, injustificada y carente de fundamento objetivo la exclusión de la experiencia profesional prestada como personal interino laboral de Religión a efectos de baremación. La Administración educativa optó por valorar exclusivamente los servicios prestados como personal funcionario, excluyendo una experiencia docente real y efectiva que había sido plenamente reconocida en otros procesos selectivos, como el concurso-oposición mediante el cual estas docentes accedieron a su plaza en propiedad.
USO Extremadura considera especialmente relevante que la sentencia no se limite a corregir un error puntual, sino que evidencie una deficiente planificación normativa y una interpretación restrictiva de los derechos profesionales del profesorado de Religión. Resulta jurídicamente incoherente que una misma experiencia docente sea válida para el acceso a la función pública y, sin embargo, sea descartada en un procedimiento de movilidad como el concurso de traslados. Esta actuación ha generado una discriminación directa y una situación de indefensión para un colectivo que, desde hace años, viene soportando un trato desigual dentro del sistema educativo público extremeño. También resulta incoherente el visto bueno por parte de las centrales sindicales presentes en la mesa sectorial de educación de las bases de este proceso selectivo que, según se desprende de la sentencia ratificada por el TSJ de Extremadura, atenta gravemente contra los derechos de los y las docentes de religion, máxime cuando algunos de ellos dicen también defender los derechos de este colectivo, olvidado y ninguneado durante demasiados años.
El profesorado de Religión no puede seguir siendo tratado como un colectivo de segunda categoría. Se trata de una enseñanza plenamente integrada en el currículo oficial, regulada por la normativa vigente, impartida en centros públicos y por profesionales que cumplen todos los requisitos legales exigidos. Negar el reconocimiento de su trayectoria profesional supone una vulneración de derechos básicos y una quiebra del principio de igualdad ante la ley. La sentencia es clara al afirmar que dicha exclusión carece de justificación objetiva o razonable y vulnera los principios constitucionales que deben presidir cualquier procedimiento selectivo o de provisión de puestos.
Aunque el fallo judicial se refiere formalmente a seis docentes, desde USO Extremadura advertimos de que el problema es de carácter estructural. Existen más profesionales que pudieron verse perjudicados por este criterio excluyente, por lo que la Junta de Extremadura debe ejecutar la sentencia con rigor, transparencia y responsabilidad, evitando que los errores administrativos y normativos recaigan nuevamente sobre las trabajadoras afectadas y sobre el conjunto del sistema educativo.
Esta situación se ve agravada por la falta de diálogo y de negociación específica con el colectivo. USO Extremadura ha solicitado de manera reiterada y formal la convocatoria de una Mesa Técnica del profesorado de Religión, en noviembre de 2023, en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta por parte de la Administración educativa. Este silencio resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que la Disposición Adicional Quinta del V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extremadura establece expresamente la obligación de propiciar cauces adecuados de negociación para este colectivo, previsión que continúa incumpliéndose.
USO es el sindicato más representativo a nivel estatal en el colectivo del profesorado de Religión y ha asumido históricamente su defensa jurídica, laboral y profesional. Por ello, USO Extremadura reitera su respaldo firme a este colectivo y a la necesidad de avanzar hacia la equiparación real de sus condiciones laborales y profesionales con las del resto del personal docente, garantizando la igualdad de derechos en materia de movilidad, carrera profesional y reconocimiento de la experiencia. Asimismo, exige la convocatoria inmediata de una Mesa Técnica específica que permita abordar, con seriedad y voluntad negociadora, las singularidades del colectivo. Finalmente, USO quiere dejar constancia expresa del reconocimiento a la labor educativa desarrollada durante años por las docentes y los docentes de Religión, cuyo compromiso y profesionalidad han contribuido de forma constante al servicio público educativo en Extremadura y merecen el mismo respeto, consideración y dignidad que el resto del profesorado.
