La Ley Celaá vaciará los centros de Educación Especial de manera progresiva, condenando a sus trabajadores al paro

El pasado 19 de noviembre, el pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, la también llamada Ley Celaá. No obstante, para entrar en vigor todavía debe ser aprobada en el Senado y volver al Congreso para la votación definitiva. Tal y como venimos denunciando desde la Federación de Enseñanza de USO, esta Ley pretende acabar con los centros de Educación Especial dentro de pocos años.

Para llevar a cabo estos objetivos, se está utilizando una polémica sugerencia de la ONU basada en un informe que no se ha podido contrastar y en el que se afirma nada más y nada menos que en España los centros de Educación Especial segregan a los alumnos. Se están empleando torticeramente la atención profesional y personalizada a estas personas vulnerables, que exigen unas atenciones específicas, con la segregación educativa. Este argumento es injusto, mentiroso y tramposo. Este Informe sirvió de base al CERMI para plantear una enmienda en el Consejo Escolar del Estado en enero de 2019 que es la que da origen a los cambios que se introducen en la LOMLOE.

Con la redacción actual de la ley Celaá, no se ordena el inmediato cierre de estos centros, pero sí se reafirma la intención de iniciar el trasvase de alumnos a centros ordinarios, provocando así la progresiva desaparición de miles de puestos de trabajo y la privación de la atención especializada que muchos alumnos necesitan, y no por capricho. Todo ello con el objetivo de alcanzar la plena inclusión, que lleva consigo la escolarización de estos alumnos en la misma escuela que el resto., eliminando de manera progresiva los centros de Educación Especial.

¿Y por qué ocurrirá esto?

El artículo 50 de la LOMLOE establece que “se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 74, referente a la Educación Especial” que queda redactado de la siguiente manera:
  1. “La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”.
Con este texto (que contradice las declaraciones que sobre este asunto está aireando la propia Ministra) se ve claramente que se pretende privilegiar los centros inclusivos para ir vaciando los centros de Educación Especial, forzando la integración de los niños con discapacidad en los centros ordinarios (para acabar con la supuesta segregación).

Teniendo en cuenta que, para el Ministerio, el régimen más inclusivo es el de la escuela ordinaria, esto significa que primará el criterio de las familias siempre que opten por la enseñanza ordinaria y no por la especial.

Lo preocupante es que el texto establece un doble criterio para solventar las discrepancias: por un lado, lo que interprete la Administración que es lo mejor para el menor; por otro, lo que elijan las familias, siempre que «muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».

También hay que tener en cuenta lo que se afirma el punto 3 del artículo 50, que aclara que «al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada alumno». Esta evaluación «permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo». Todo esto es un claro guiño en favor de aquellos padres que prefieran trasladar a sus hijos a un colegio ordinario en lugar de mantenerlos en uno de educación especial.

Aunque la Sra. Ministra haya afirmado repetidas veces en sus comparecencias que los centros de Educación Especial no se van a cerrar, esto no es así, como estamos viendo. Si de verdad quiere que lo que afirma sea cierto y creíble, y no una mentira más de las muchas que están diciendo a propósito de la tramitación de esta Ley, lo tiene bastante fácil. Dice la Sra. Ministra que nada ha cambiado en cuanto en relación a la Educación Especial, que los cambios de la Disposición Adicional Cuarta no afectan a la estabilidad de la Educación Especial específica. Si eso es cierto, si, como ella dice, se están malinterpretando sus palabras y la ley, la solución es muy fácil: que dejen la norma como estaba. Solo es necesario que se elimine la Adicional 4ª del artículo 74, y asunto concluido.

Por eso, desde la Federación de Enseñanza de USO no aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de Educación Especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias. Rechazamos de manera tajante que los centros de Educación Especial estén segregando a los alumnos, descalificación que no se corresponde con la realidad que se vive en estos centros, donde se atiende a sus alumnos de una manera prestigiosamente profesional.

Desde USO, porque la Educación Especial no es ningún problema, pedimos que las cosas sigan como hasta ahora y reclamamos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a todos los alumnos con discapacidad de la mejor manera posible tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.

Y exigimos mejoras reales para los trabajadores y profesionales del sector, ya que la Ley no introduce ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. Lo único que hace la Ley Celaá es poner en peligro el futuro de sus puestos de trabajo. Y esto es muy grave.

La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de las personas trabajadoras del sector de educación especial. La nueva ley debe garantizar la libertad de las familias en la elección del centro que consideren más adecuado para sus hijos.

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Mujer y Discapacidad, doble discriminación

USO analiza la situación de las mujeres con discapacidad, que sufren una doble discriminación por su condición y resume las propuestas del sindicato para favorecer su integración laboral

Ser mujer y sufrir una discapacidad, supone una doble discriminación. El lado oscuro de la discapacidad existe y hay que hablar de él, el rechazo de la sociedad es evidente y, aunque hemos avanzado mucho, todavía debemos seguir luchando por el respeto a la dignidad y derechos de las personas con discapacidad. Frente a la discapacidad suelen existir dos aptitudes: la lástima y, por tanto, la sobreprotección, que se da en mayor medida en las mujeres, como parte del ideario de la sociedad en general de ser el “sexo débil” y, por otro, el rechazo y la discriminación. Tanto una aptitud como la otra deberían de ser eliminadas. Dar una oportunidad a la discapacidad no es fácil, ni la normativa, ni las bonificaciones, ayudas etc. servirán de nada hasta que no desterremos el prejuicio y partimos de la educación, las normas las tenemos, ahora hay que ir a la acción.

Mujeres y niñas con discapacidad, las más vulnerables

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y niñas que la sufren se encuentran en peor punto de partida, ya que están sujetas a múltiples formas de discriminación. Entre los objetivos de la Agenda 2030 está el de lograr la igualdad entre mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y es que la realidad de ser mujer y sufrir discapacidad es difícil, ya que se dan mayores obstáculos:
  • Las mujeres discapacitadas presentan en todas las variables relacionadas con empleo las peores cifras, no sólo respecto a los varones sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.
  •  En 2018, la tasa de actividad de las mujeres se situaba en el 33,6%, 44 puntos menos que la población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es del 25%, 10 puntos superior a la de la población sin discapacidad (Fuente: INE 2018).
  • Ser mujer supone tener una mayor tasa de paro. Pero ser mujer con discapacidad te coloca en mayores tasas de paro aún. Si comparamos la tasa de paro de las mujeres vemos que la evolución es descendiente, con diferencias de hasta 8 puntos en 2018.
  • Las mujeres discapacitadas ganan 3.348,4 euros menos al año que los hombres con discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres en este ámbito es del 15,9% (datos del INE, 2017). Si lo comparamos con lo que ganan las personas sin discapacidad, la diferencia es de 6.000 euros anuales menos.
  • El porcentaje de hombres con discapacidad matriculados en el curso 2016-2017 de Enseñanzas no Universitarias supone el 3,5%, siendo superior al de las mujeres en un 1,8%.
  • El porcentaje de niñas escolarizadas en los centros ordinarios es del 81,3% mientras que para los niños es del 84,4% (Informe Olivenza, 2019).
  • Estudios como el de Plena Inclusión Canarias, “La Historia solo cuenta una parte de nosotras”, nos dicen que las mujeres con discapacidad intelectual presentan un riesgo entre dos y cinco veces mayor de sufrir maltrato físico y emocional que las que no la tienen.
  • La esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad es denunciada por el informe de la Fundación Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas, en su mayoría adolescentes, con discapacidad”. En él se apunta a que se siguen haciendo sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Está en trámite una Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Los hombres con discapacidad también están expuestos a esta situación, pero esta se produce con menor frecuencia que en las mujeres. La esterilización forzosa supone la violación de derechos humanos y libertades fundamentales, y causa profundos efectos físicos y psicológicos.
  • La soledad afecta más a estas mujeres. El 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad.
  • Solo el 7,5% de las mujeres con discapacidad pueden disfrutar de actividades de ocio (Informe Olivenza, 2019).
  • El 6,5% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada (Informe Olivenza, 2019).
  • El riesgo de pobreza afecta 30 de cada 100 mujeres con discapacidad. (Llano, J. (2019). El estado de la pobreza, 9º informe AROPE).

Propuestas de USO para el desarrollo laboral de personas con discapacidad

La cifra de personas en edad laboral con discapacidad va a seguir aumentando, tanto de nacimiento como las sobrevenidas, por lo que debemos tener previsto un sistema que no les deje fuera, prestando atención a aquellos que cuentan con mayor dificultad, como son las mujeres. El sindicato USO sigue proponiendo:
  • Trabajar para la integración real en la dinámica laboral de estos trabajadores y trabajadoras, haciendo cumplir a las empresas lo regulado en materia de contratación y todo lo previsto para este colectivo.
  • Realizar un tratamiento estratégico de supervisión y denuncia de las condiciones laborales y el abuso fraudulento de los Centros Especiales de Empleo, como medio para reducir costes salariales a costa de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Potenciar la afiliación entre las personas con discapacidad, así como trabajar para su integración en la actividad sindical y orgánica de USO.
  • Que sus problemas y reivindicaciones estén presentes en la negociación colectiva, en la vigilancia y denuncia dentro de la acción sindical habitual.
  • Incluir cláusulas en la contratación administrativa para que se le aplique el convenio colectivo de referencia, evitando así la discriminación salarial.
  • Continuar con nuestra interlocución y colaboración con plataformas y organizaciones de personas con discapacidad como la Conferencia Estatal de Personas Sordas (CNSE) o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). USO participa en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
  • Favorecer la contratación y fomentar la integración dentro de las empresas para constituir una sociedad plural donde tengan cabida todos los trabajadores y trabajadoras, cada uno con sus diferentes capacidades.
  • Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad y adecuación de los puestos de trabajo, así como el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 personas en plantilla.

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Protocolos específicos para la vuelta al colegio de los niños con discapacidad

Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), del que forma parte la Federación de Enseñanza de USO, manifestan el más absoluto apoyo a todo el colectivo de menores con discapacidad que en breve volverán a las aulas de sus escuelas, solicitando que se analicen y atiendan las situaciones especiales de estos niños y niñas que, dado su perfil, requieren de apoyos y protocolos especiales para preservar su salud y la de su entorno. Puedes consultar el manifiesto completo en este enlace.

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