Una vez que ha arrancado el proceso de escolarización para el curso escolar 2022-2023, desde la Federación de Enseñanza de USO observamos cómo determinadas organizaciones centran sus campañas y mensajes en desprestigiar un determinado modelo educativo.

Desde USO denunciamos que la confrontación Enseñanza Pública – Enseñanza Concertada es un asunto creado artificialmente por determinadas organizaciones para esconder su falta de propuestas e iniciativas para mejorar el modelo educativo. USO insiste en que todos los modelos educativos son válidos, necesarios y de excelente calidad, y los conciertos educativos son imprescindibles para que la libertad de elección de centro por parte de las familias sea una realidad.

Un año más, hemos llevado la propuesta de libertad de elección de centro que posibilita la Educación Concertada a la sociedad extremeña, en esta ocasión en el diario EXTREMADURA 7 DÍAS:

Después de lanzar el borrador de la Orden, USO ha solicitado a la Consejería de Educación que acelere los trámites para que se publique cuanto antes en el DOE

La Federación de Enseñanza de USO muestra su satisfacción (con reservas) por el anuncio efectuado por la Consejería de Educación de implantar finalmente programas de refuerzo educativo para los alumnos de los centros concertados.

USO denunció en octubre ante el Defensor del Pueblo la discriminación que suponía para el alumnado de la Concertada quedar excluido de los programas de refuerzo educativo que ya estaban funcionando en los centros públicos. La oficina del Defensor del Pueblo tomó nota de nuestra denuncia y preguntó a Educación el motivo de dicha exclusión. El 4 de enero respondió la Consejería de Educación al Defensor del Pueblo, comprometiéndose a ampliar los programas de refuerzo educativo para los alumnos de la Enseñanza Concertada. Y ayer, 9 de febrero, la Consejería publicó el borrador de la Orden que pondrá en marcha el desarrollo de los mencionados programas educativos.

USO lamenta que, hasta que por fin se ha logrado este paso, hayamos tenido que recurrir al Defensor del Pueblo y haya pasado buena parte del presente curso escolar. Recordamos que una problemática similar se dio con los programas extintos REMA y COMUNIC@ y que también USO tuvo que denunciar en diversas instancias. Desde USO exigimos en primer lugar que se aceleren los trámites necesarios para que se pongan en marcha lo antes posible estos programas. Y en segundo lugar, que se desarrollen durante todo el curso escolar y en las mismas condiciones que ya disfrutan en los centros públicos.

Según ha comunicado esta mañana el Secretario General de Educación, en el caso previsible de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en exteriores a partir de este jueves, tampoco lo serán en los espacios abiertos de los centros educativos extremeños.

Tan pronto como dicha medida se publique en el BOE, se adaptará en la misma medida y condiciones en los espacios educativos. La Secretaría General de Educación se compromete a comunicar mañana por Rayuela esta decisión, y adaptará tanto la “Guía de recomendaciones para la organización escolar adaptada a la pandemia” como el protocolo sobre la nueva realidad educativa, actualizándolos en Educarex.

El proceso de vacunación en las aulas se reanudará el miércoles 12, para el alumnado de 5 a 8 años

Una vez que se anunciara que en Extremadura el proceso de vacunación para los niños de 5-12 años tendría lugar en los centros educativos, y ante la petición de que fueran los trabajadores de dichos centros quienes debían ocuparse de la vigilancia posvacunal, USO transmitió urgentemente a Salud Pública nuestra oposición a dicha medida, instando a que fuera el personal sanitario quien se encargara de todas las tareas relacionadas con el proceso de vacunacion, desde el principio hasta el fin.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado con USO y nos ha comunicado lo siguiente:

• El personal de los centros educativos debe recoger las autorizaciones, tutelar e identificar a los escolares el día de la vacunación y encargarse de la vigilancia posterior a la vacunación.



• Si en dicho periodo de vigilancia el personal de los centros educativos observara algún efecto adverso, debe comunicarlo inmediatamente al personal sanitario que estará presente en un habitáculo contiguo y que será quien se encargue de atender al escolar.



• Hasta la fecha se han administrado 24.653 dosis en los colegios extremeños sin que se haya notificado ningún efecto adverso grave inmediato.



• El personal de los centros educativos han mostrado muchísimo interés y colaboración en el proceso del acto vacunal.

Desde USO agradecemos la rapidez en la respuesta dada, pero seguimos mostrando nuestra absoluta disconformidad. No se explica qué es un «efecto adverso», cuánto tiempo después de la administración de la vacuna puede surgir, y por qué no se encarga de esta vigilancia personal sanitario debidamente cualificado. Los trabajadores de los centros educativos soportan una carga de trabajo excesiva, podemos entender que se pida colaboración en la identificación y acompañamiento del alumnado, tal y como se hace con otros procesos vacunales, pero consideramos que otorgar la vigilancia de efectos adversos supera con creces la responsabilidad del personal de los centros educativos, por lo que insistiremos nuevamente en que esa tarea la realice el personal sanitario. Seguimos sufriendo las consecuencias de tomar decisiones que afectan a los centros educativos sin haber dialogado ni consultado previamente con el sector.

A raíz de una denuncia presentada por la Federación de Enseñanza de USO, el Defensor del Pueblo ha preguntado a la Junta de Extremadura por qué quedan excluidos los alumnos de los colegios concertados de los programas educativos PROA+ y TRANSITA+, dirigidos al alumnado educativamente vulnerable.

El Defensor del Pueblo asegura que no ha encontrado una justificación para que la Junta no haya previsto la incorporación del alumnado de los colegios concertados a estos programas, especialmente cuando es obligación de la Administración dotar a los centros concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades.

En la respuesta que la Junta debe elaborar para el Defensor del Pueblo, USO reclama que no utilice excusas ya conocidas como “fondos presupuestarios insuficientes”, “subvenciones que deben ir en partidas distintas”, “problemas jurídicos”, “retrasos motivados por la pandemia” o cualquier otra que, curiosamente, siempre perjudican a los colegios concertados. USO exige que se abran urgentemente para los alumnos de la red concertada todos los programas educativos que están funcionando actualmente en los centros públicos.