USO analiza el nuevo estado de alarma

El nuevo estado de alarma entró en vigor en todo el país desde su publicación ayer en el BOE en forma de Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. A mediodía, el Consejo de Ministros extraordinario había aprobado este segundo estado de alarma del año. Posteriormente, La Junta de Extremadura publicó un DOE extraordinario con las particularidades de dicho estado de alarma en nuestra comunidad autónoma.

A diferencia del estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo, la nueva regulación no otorga el mando único al Ministerio de Sanidad. Tampoco conlleva confinamiento domiciliario ni restricciones específicas para todo el país. Lo que ha querido establecerse en esta nueva declaración es un soporte jurídico para que las comunidades y las ciudades autónomas puedan adoptar las medidas restrictivas para luchar contra la expansión de la pandemia que supongan una limitación de derechos fundamentales.

Tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 22 de octubre, se publicó el documento de “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del covid-19”. En él, se establecen cuatro niveles de alerta con medidas de actuación. El Consejo se comprometió a revisar de manera periódica la evolución de los indicadores para valorar, mantener o modificar el nivel de alerta que, en función del riesgo, conlleva diferentes restricciones.

Las cifras actuales de números de contagios y ocupación hospitalaria sitúan a todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto las islas Canarias, en un nivel de riesgo alto o muy alto. Por ello, en este real decreto se establecen algunas medidas de limitación de movilidad o de derecho de reunión comunes a toda la ciudadanía, para que las implementen los gobiernos autonómicos y dar una respuesta uniforme y coordinada a la pandemia.

¿Hasta cuándo se extenderá la duración del estado de alarma?

El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, entra en vigor en el momento de su publicación y está establecido que finalice el 9 de noviembre a las 00:00h. No obstante, el Gobierno ha anunciado su intención de pedir en el Congreso la prórroga de este estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021.

¿Las nuevas medidas del estado de alarma se hacen efectivas a la vez?

¿Se hacen efectivas a la vez todas las medidas recogidas en el real decreto? Hay medidas recogidas en este real decreto que solo serán efectivas cuando el Gobierno de la comunidad o ciudad autónoma lo dicte. Son las recogidas en los artículos 6, 7 y 8, y afectan a:
  • la limitación de movilidad entre comunidades autónomas.
  • limitación del número de personas en reuniones en espacios públicos o privados.
  • limitaciones en lugares de culto.
La implantación de cada medida no podrá ser inferior a siete días naturales.

¿Quién es la autoridad competente en este estado de alarma, según el RD 926/2020?

El real decreto regula que la autoridad competente será el Gobierno, pero establece como autoridades competentes delegadas a las presidencias de cada comunidad y ciudad autónoma. Estas pueden dictar las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de las medidas que se recogen en este RD, como las correspondientes a la flexibilización de los toques de queda, la implantación de la limitación de la movilidad, del derecho de reunión o el establecimiento de prestaciones personales. Todo ello, dependiendo de la evolución los indicadores sanitarios y previa comunicación al Ministerio de Sanidad. El órgano desde el que va a coordinarse esta situación va a ser el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Cada administración autonómica conserva las competencias que tiene por ley. Es importante resaltar que el RD da competencias a las comunidades y ciudades autónomas para imponer en su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de emergencia sanitaria.

¿Cómo se regula el toque de queda o libertad de circulación en horario nocturno?

Se establece la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno, popularmente conocida como “toque de queda”, entre las 23:00 y las 6:00 horas. Las comunidades y ciudades autónomas pueden adelantar o retrasar una hora el inicio y el final. Esta medida entra en vigor para todo el territorio español, excepto en la Comunidad Autónoma de Canarias, desde el momento de publicación de este real decreto. Este toque de queda tiene las siguientes excepciones:
  1. Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.
  2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  3. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
  4. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
  5. Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.
  6. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  7. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  8. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
  9. Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las anteriores actividades.

¿Hay regulación de la movilidad entre comunidades y ciudades autónomas?

Sí. Se restringe la entrada y salida de cada comunidad o ciudad autónoma. Los diferentes gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de limitar la movilidad en otros ámbitos inferiores, como provincias, comarcas o zonas básicas de salud. Como en medidas anteriores, se establecen excepciones que deben estar debidamente justificadas. No tendrán limitaciones los desplazamientos provocados por las siguientes causas:
  1. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  2. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
  3. Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
  4. Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
  5. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  6. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros, o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
  7. Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
  8. Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
  9. Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
  10. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  11. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

¿Qué limitaciones establece el nuevo estado de alarma para el derecho de reunión?

En el real decreto se establece un máximo de seis personas para las reuniones en espacios públicos y privados, excepto que sean convivientes. Las comunidades y ciudades autónomas pueden establecer excepciones respecto a personas menores o dependientes. Como novedad importante, hay que resaltar que se establece la posibilidad de limitar o prohibir las manifestaciones cuando, en la previa comunicación presentada por los promotores, no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios. Las actividades laborales, institucionales o las que establezcan medidas específicas de prevención no están incluidas dentro de esta limitación.

¿El Real Decreto regula el aforo en los lugares de culto?

En este estado de alarma, se deja la limitación del aforo en los lugares de culto a las autoridades autonómicas para que ajusten las limitaciones de aforo en ceremonias, funerales, etc., a la situación epidemiológica que tengan en cada territorio.

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USO traslada a Hacienda su oposición al incremento del IVA a servicios educativos

USO le ha traslado al Ministerio de Hacienda el rechazo a revisar diversas figuras fiscales en los Presupuestos para 2021 con afán recaudatorio, entre las que se encuentra la subida del IVA a la educación advirtiendo de las graves consecuencias de empleo para algunos sectores laborales que conllevaría. como centros de educación infantil; comedores escolares y actividades extraescolares o deportivas; escuelas de idiomas; academias de preparación de oposiciones y refuerzo educativo; horarios ampliados en colegios para favorecer la conciliación; universidades o entidades formativas privadas de recualificación; etc. Es más, muchos de estos servicios llegan donde no se contempla la cobertura pública.

USO llama a Hacienda a buscar otras soluciones, no a jugar con el IVA, el impuesto más regresivo y agresivo que existe, sin haber acometido una reforma fiscal amplia. USO propone revisar ciertos impuestos a la baja, como el transporte público, pasándolo al tipo superreducido o, directamente, dejándolo exento de IVA.

USO recuerda que no es el momento de poner en peligro miles de puestos de trabajo. Todo aumento de gasto para una empresa será, sin duda, repercutido en sus trabajadores, tanto en términos salariales como, incluso, en despidos. Lo recaudado en la ventanilla del IVA dejará de ingresarse en la de cotizaciones. Medida, por lo tanto, de más que dudosa eficacia fiscal y que golpea al sistema de la Seguridad Social cuando más estimulación necesita. Además de la consecuencia directa sobre el empleo ya creado, USO considera inoportuno gravar el futuro de muchas personas que necesitan cualificarse para el nuevo panorama laboral.

Estamos en plena incidencia de una pandemia que ha evidenciado que estos servicios deben ser una prioridad. Encarecer servicios cotidianos solo genera más desigualdad y menor calidad de vida.

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Documentos de interés relacionados con la gestión de casos de covid-19 en centros educativos

La Federación de Enseñanza de USO os deja aquí enlaces a los últimos documentos elaborados por la Administración para ayudar a la prevención y gestión de casos de covid-19 en centros educativos:

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USO denuncia la deriva totalitaria de la tramitación parlamentaria de la LOMLOE

El 15 de octubre, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha votado en contra de la comparecencia de la comunidad educativa en el Parlamento para dar su opinión sobre la nueva ley de educación, la cuestionada Ley Celaá. Nunca, en todas las leyes educativas que se han aprobado en democracia, se ha negado la participación a la comunidad educativa en la tramitación de las leyes educativas que afectan al conjunto de los españoles.

Para FEUSO, esta decisión de rechazar el debate y buscar ampliar el consenso por parte de PSOE y Unidas Podemos muestra la deriva totalitaria de un Gobierno que, con su actitud poco democrática sepulta de manera explícita la posibilidad de alcanzar un futuro Pacto de Estado por la Educación. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones desde hace meses: en medio de una gravísima pandemia con efectos devastadores y todavía por determinar su alcance final, no es el momento de tramitar ninguna ley educativa ni de aprovechar las circunstancias para progresar en la agenda ideológica. Necesitamos trabajar, codo con codo, sumando voluntades con todas las Administraciones, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional en primer lugar, para que las consecuencias de esta pandemia en la comunidad educativa y en el conjunto de la sociedad sean las mínimas posibles.

No entendemos la posición del Ministerio de Educación, que debería estar por encima de todo liderando la respuesta al COVID-19 en las aulas. No interesa la educación ni conseguir un proyecto unificador y que supere las discrepancias, que apueste por la convivencia de las diferentes realidades sino la imposición de su modelo de escuela basado en el dominio sistémico del Estado.

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