Campaña en defensa de la Libertad de Enseñanza en Extremadura

Organizaciones educativas de Extremadura se unen a la Plataforma Más Plurales, que ha iniciado una campaña en defensa de la pluralidad de modelos educativos y de la libertad de enseñanza.  

 Denuncian que La Ley Celaá impone un modelo único de educación y arrincona la libertad social  

La confederación de asociaciones de padres CONCAPA, los sindicatos USO y FSIE, y las organizaciones patronales Escuelas Católicas y CECE se han sumado en Extremadura a la Plataforma Más Plurales, desde la que se impulsa la campaña “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”, que pretende defender la pluralidad educativa ante el daño que puede causar la aprobación de la ley Celaá, LOMLOE, promovida por el actual Gobierno.  

La LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa. Además, y entre otros aspectos, la Ley Celaá pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la Religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su profesorado. Esta Ley, tramitada sin consenso, rechaza claramente cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.  

Las organizaciones de la Plataforma rechazan la Ley Celaá, que se está debatiendo en el Parlamento en plena pandemia del COVID-19. La comunidad educativa está ahora para minimizar los efectos negativos de esta pandemia, trabajando codo con codo con las Administraciones, los centros, el profesorado y las familias, con el objetivo de sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento. Por todo ello, la Plataforma denuncia que se ha sustraído a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley. La democracia social y participativa ha dejado de serlo de manera efectiva y plena en estos últimos meses.  

La LOMLOE elimina la demanda social y confiere a la Administración la potestad de distribuir a los alumnos por centros, suprimiendo la elección educativa de las familias, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en nuestra Carta Magna es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantada en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión aplicando un laicismo impropio y trasnochado. Además, pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos.  

Para la Plataforma Más Plurales, la LOMLOE es una ley que acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas. El objetivo fundamental de la Ley Celaá consiste en ensanchar el espacio de la escuela pública en detrimento de la libertad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.  

Desde Extremadura se está impulsando la campaña de recogida de firmas contra la Ley y a favor de la convivencia de los diferentes modelos educativos en la página web www.masplurales.es.  

Además, se pondrán en marcha en nuestra comunidad autónoma diversas acciones encaminadas a informar a la comunidad educativa del contenido de la Ley. También se promoverán movilizaciones sociales cumpliendo con todas las recomendaciones de seguridad e higiene frente a la COVID19.  

Los colectivos afectados por esta ley en Extremadura en cifras:

  – Más de 3.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo.

– Cerca de 30.000 familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

– Los más de 100.000 alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de Religión, relegada a un segundo plano en la nueva ley.

– Más de 70 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.

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